Medio-Ambiente.info
Usuario Contraseña Recuerdame
      
Menú principal

· Inicio
· Mi Cuenta
· Salir
· Contactar

Medio Natural

· Información Ambiental
· Atmósfera
· Agua
· Suelo
· Biodiversidad
· Flora
· Fauna
· Paisajes Naturales
· Recursos Naturales
Impacto Ambiental

· Desastres y Accidentes
· Evaluación de Impacto
· Contaminación Atmosférica
· Contaminación del Agua
· Contaminación del Suelo
· Residuos
· Ruido
Política Ambiental

· Planificación Ambiental
· Medio Ambiente y Desarrollo
· Conservación de la Naturaleza
· Gestión de Espacios Naturales
Educación Ambiental

· Educación Ambiental
· Cursos y Masters
· Master Medio Ambiente
Legislación Ambiental

· Legislación Comunitaria
· Legislación Estatal
· Legislación Autonómica
· Legislación Local
Otros contenidos

· Enlaces de interés
· Nuestro Blog de Medio Ambiente
MGI Master en Gestión Integrada (Medio Ambiente, Calidad y Prevención)

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CÓDIGO PENAL: Breve reseña de sus características esenciales
Enviado por: admin el Jueves, 02 de Septiembre de 2004 - 01:36 PM CET
Legislación estatal El vigente Código Penal, aprobado por L.O. 10/1995 de 23 de noviembre, dedica el Capítulo III de su Título XVI a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículos 325 a 331, este último inclusive.


Frente a la regulación anterior, contenida básicamente en el art. 347 Bis del texto derogado, el Código actual desvincula el tratamiento penal del problema medioambiental de toda referencia a la salud pública, lo cual es correcto, pues la defensa del bien jurídico medio ambiente no tiene por qué estar siempre conectada con la salud colectiva.

Esta autonomía sistemática expresa la cada vez mayor valoración que este bien jurídico va adquiriendo en la ciudadanía. Atento a esta constatación, el legislador ha tratado de superar la visión antropocéntrica del medio ambiente que mantenía -art. 347 Bis del Código derogado -, por otra de tipo ecocéntrica, en el sentido de que el objeto de protección queda desvinculado de la óptica individual de aquellos otros bienes que inmediatamente pueden verse afectados por los delitos medio ambientales, como sucede con la vida o la salud de las personas.

Como señala MUÑOZ CONDE «En la nueva perspectiva, se configuran como objeto de tutela per se los factores y elementos medio ambientales como el aire, el agua o el suelo, la flora y la fauna, es decir, los recursos naturales en sí mismos considerados, sin perjuicio de reconocer que, al protegerlos, también se defiende en última instancia esos otros bienes de la persona, ya que la afección del ecosistema repercute a corto o medio plazo en las condiciones existenciales del ser humano».


Si tuviésemos que sintetizar en unas pocas líneas las características esenciales de esta regulación legal, lo podríamos hacer afirmando que se trata de una protección restringida, subsidiaria, y de naturaleza claramente preventiva.

a) Es una protección restringida por cuanto el Código Penal parte de un concepto muy limitado del medio ambiente.

En efecto, el legislador de 1995 ha reducido la conceptuación del bien jurídico medio ambiente a lo que no es sino la protección del entorno natural, esto es, del lugar donde se desarrolla la vida de las distintas especies de vida vegetal y animal. El Capítulo III del Título XVI del Código Penal contempla como delitos medioambientales únicamente el delito de contaminación ambiental artículo 325 y 326-, el establecimiento de depósitos o vertederos de residuos tóxicos o peligrosos -artículo 328- y la causación de daños en los espacios naturales protegidos- artículos 330-.

Quedan fuera de la determinación legal, y de la rúbrica medio ambiental, los atentados contra la flora y la fauna, que en la regulación anterior se cobijaban en la tutela penal del medio ambiente -artículo 347 Bis del Texto derogado-.

Pese a ello, no creo que el legislador, con la nueva ubicación sistemática de esos contenidos medio ambientales, haya pretendido alterar la significación de este bien jurídico en el campo penal, entre otras razones porque resultaría totalmente ilógico desgajar del medio ambiente lo que no son sino elementos esenciales: los distintos sistemas biológicos que conviven en un determinado entorno natural.

Se trata pues, si se quiere, de una distinción ciertamente arbitraria, que sólo se explica por razones de mera técnica legislativa y que tiene mucho que ver con los distintos métodos de protección de ambos aspectos del medio ambiente, como luego se verá.

Así las cosas, entiendo que sigue siendo vigente la definición de este bien jurídico elaborada por la doctrina penal con arreglo al Código derogado, y en virtud de la cual por medio ambiente, a efectos penales se ha de entender “El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la flora y fauna, y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales”.

En todo caso, y aun entendiendo que en el medio ambiente se han de abarcar tanto el entorno como sus habitantes -elementos y recursos naturales-, todavía sigue siendo una visión muy limitada del medio ambiente, dejando fuera de la consideración medio ambiental no sólo algunas conductas con clara incidencia en dicho bien jurídico, sino también otros aspectos que suelen integrar el concepto de medio ambiente entendido en sentido amplio, como son los aspectos urbanísticos, económicos e incluso culturales.

Esta decisión, que puede ser correcta en el ámbito de un derecho sancionador tan específico como es el Derecho Penal, regido por Principios que entrañan auténticas limitaciones intrínsecas en su utilización -Principio de Intervención Mínima y el carácter fragmentario de la sanción penal -presenta sin embargo un aspecto altamente criticable, puesto que en la regulación legal de las conductas atentatorias contra el medio ambiente y los recursos naturales no se contempla a los incendios forestales, que aparecen regulados en otro Título del Código Penal, pese a le evidente repercusión que los mismos representan para el medio ambiente, no sólo como factor de destrucción de la flora y la fauna, sino también como elemento que contribuye decisivamente a los procesos de desertización del suelo, por lo que deberían haber sido acogidos entre los delitos contra el medio ambiente.

Y lo propio hay que decir respecto a la materia relativa a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, cuya repercusión medio ambiental está fuera de toda duda.

b) Es una protección subsidiaria en la medida que la tutela penal del medio ambiente se articula sobre la base de la técnica empleada por el legislador para acotar los comportamientos prohibidos en este ámbito: aquí destaca la utilización de la técnica de las denominadas «Leyes penales en blanco»,en virtud de la cual la constitución del injusto penal se remite a la previa delimitación efectuada por otros sectores del ordenamiento jurídico: Así sucede, p.e., en el delito de contaminación medioambiental -arts. 325 y 326 CP-, en cuanto que la conducta punible va a exigir, entre otros elementos, la constatación de una previa infracción de la normativa extrapenal protectora del medio ambiente. (Lo propio hay que decir en los tipos penales relativos a la protección de los espacios naturales protegidos -art. 330 Cp- así como en los que se refieren a la flora y fauna protegida -arts. 332 y ss- en la medida que la tutela penal se hace descansar sobre declaraciones administrativas previas en cuanto a tales objetos materiales etc.).

La utilización de esta técnica en la configuración de los tipos penales medio ambientales ha sido valorada positivamente en la doctrina:

El recurso a la técnica de la Ley penal en blanco resulta razonable en este campo en la medida en que la protección del medio ambiente incumbe en primer término al ámbito administrativo, siendo la actuación del Derecho penal subsidiaria de la anterior.

Se parte, pues, de que la situación de legalidad administrativa excluye cualquier responsabilidad penal de quien actúe a su amparo, aunque en el caso concreto se produjese el riesgo que el legislador quiere evitar. En este sentido destaca CERES MONTE que “El cumplimiento de la normativa administrativa, si bien no garantiza siempre la inocuidad de la actividad, proporciona unos niveles de tolerancia o riesgo permitido que el Derecho Penal tiene que asumir en aras de la unidad del ordenamiento jurídico”.

Ahora bien, esta accesoriedad del Derecho Penal respecto del Derecho administrativo no es absoluta, de modo que el ilícito penal quedase constituido por la mera infracción de las normas administrativas, sino que entre ambos ordenamientos se da una relación de subsidariedad relativa, ya que la previa infracción administrativa es condición necesaria pero no suficiente de la punibilidad de un comportamiento. La sanción penal exige, además, constatar un «plus» de antijuridicidad, por vía de un mayor desvalor de acción o de resultado, capaz de diferenciar el ilícito penal de la mera infracción administrativa.

Se trata por lo demás de una accesoriedad «de derecho», y no «de acto», por cuanto la respuesta penal se hace depender de la contradicción de la conducta realizada con el Derecho Administrativo. Expe-diente que se considera igualmente adecuado, por razones de seguridad jurídica, frente a la accesoriedad de acto.

La técnica que se comenta, por lo demás, ha sido declarada constitucional, incluso cuando el reenvío normativo que implica se colma con normas de las CC.AA. (Así STC nº 120/1998).

c) Finalmente es una tutela de corte preventivo, puesto que el legislador va a anticipar la reacción penal cuando se origine una situación de riesgo para el medio ambiente, sin necesidad de esperar a la efectiva materialización del daño.

Ello supone que el legislador va a atender a la protección de este bien jurídico mediante la creación de delitos de peligro, adelantando las barreras de la protección penal al momento de producirse la conducta peligrosa.

El uso de esta técnica no quiere decir que no se establezcan delitos de resultado también en este ámbito.

Como señala PALAZZO, «La política criminal del medio ambiente está presidida por la adopción de figuras penales consistentes en la realización de actividades potencialmente contaminantes efectuadas sin la necesaria autorización administrativa, o bien en la inobservancia de sus prescripciones». Y añade «Se trata, pues, de una tutela que recae sobre las fuentes de peligro, de una tutela penal indirecta, sin perjuicio, claro está, de que dicho mecanismo de protección se combine con el establecimiento de tipos de resultado».

Estas consideraciones son perfectamente aplicables a la regulación vigente, pues los tipos penales relativos al medio ambiente combinan el uso de tipos de peligro -artículos 325 y 328- con los de resultado material -artículos 330, y los relativos a la flora y la fauna-.

A modo de conclusión podemos decir que la protección penal del medio ambiente también constituye, dado lo limitado de su alcance, una manifestación del denominado “desarrollo sosteni-ble”, en la conciencia de que una protección -penal- absoluta del entorno y del ecosistema, de modo que no se aceptase la existencia y creación de fuentes de peligro para el bien jurídico, sería inviable en las sociedades modernas, pues impediría su propio desarrollo y el progreso.


Y es coherente con el modelo de un sistema penal propio de un Estado democrático y de derecho, como es el establecido en la vigente Constitución de 1978, conforme al cual el Derecho Penal debe ser el último remedio -la “última ratio”- de todo el sistema sancionador.

Cosa distinta es la crítica que la vigente regulación merezca en razón de la discriminación en su contenidos, o por la no inclusión de determinadas conductas en su ámbito de tutela que tienen una clara -y grave- repercusión medio ambiental.


Fuente: www.isel.org


 
Contenidos: © Medio-Ambiente.info, 2009 | Nuestros otros sitios: Recursos-Humanos.biz / Riesgos-laborales.org | Diseño web: Iniziar